El concepto de “peligro público” suele asociarse con hechos policiales o emergencias sanitarias, pero pocas veces se habla de los riesgos silenciosos que se gestan desde la política y la economía. Cuando ciertas decisiones se toman a espaldas de la ciudadanía, o bajo la influencia de intereses privados, ahí también hay peligro público, aunque no salga en las noticias.
No se trata solo de corrupción o escándalos. A veces, basta con que quienes toman las decisiones olviden que el verdadero dueño de lo público es la sociedad. Eso se ve reflejado, por ejemplo, en políticas que favorecen la concentración de riqueza o la privatización de bienes estratégicos, lo que termina generando desigualdad y descontento.
Hay ejemplos de sobra: basta mirar cómo el debate sobre la desigualdad entre ricos y pobres se ha vuelto un tema central porque, al final, las malas decisiones afectan el día a día de todos. Y mientras no exista una vigilancia activa y una participación informada, el “peligro público” seguirá latente, muchas veces disfrazado de progreso.
Por eso, la pregunta real es: ¿quién cuida el interés común? La respuesta, aunque incómoda, es simple: solo una ciudadanía activa y bien informada puede exigir rendición de cuentas y proteger lo que es de todos.