El ahorro forzoso de salarios ha sido tema de debate en varios países latinoamericanos, incluido México. Esta política, que obliga a los trabajadores a destinar una parte de su sueldo a fondos de ahorro o pensiones sin opción de decisión, suele presentarse como una medida para fomentar la seguridad social o fortalecer la economía a largo plazo. Sin embargo, en la práctica, termina castigando a quienes menos tienen.
La realidad es que, para la mayoría de los trabajadores, cada peso cuenta. Obligar a ahorrar en un contexto de salarios bajos y alto costo de vida puede ser una carga insostenible. En vez de empoderar a la clase trabajadora, el ahorro forzoso limita su capacidad de decisión y reduce su poder adquisitivo inmediato. Es una política que ignora la diversidad de necesidades y realidades familiares.
El argumento de que el ahorro forzoso protege a los empleados en el futuro no justifica el sacrificio impuesto en el presente. Muchos trabajadores necesitan esos recursos para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Por eso, este tipo de medidas, aunque puedan estar bien intencionadas, suelen ser percibidas como un abuso más que como una protección.
La solución debe pasar por fortalecer los salarios y ofrecer alternativas reales de ahorro voluntario, acompañadas de educación financiera y políticas públicas que pongan en primer lugar el bienestar de las personas, no la imposición de restricciones injustas.