El sistema de financiamiento estudiantil mediante créditos con aval del Estado ha sido fuente de controversia en Chile durante años. La medida, pensada originalmente para ampliar el acceso a la educación superior, terminó generando un endeudamiento masivo de estudiantes y familias, mientras los bancos privados se beneficiaban de condiciones favorables y bajo riesgo.
Muchos analistas cuestionan la lógica de trasladar a la banca privada el negocio de los préstamos estudiantiles, cuando el Estado asume la mayor parte del riesgo. Esto llevó a situaciones en las que miles de estudiantes terminaron endeudados por años, incluso sin completar sus carreras, lo que afecta su desarrollo profesional y calidad de vida.
A lo largo de los años, diversas voces han propuesto rediseñar el sistema de financiamiento, dando prioridad a modelos más justos y sostenibles. La discusión sigue vigente, especialmente en un contexto en que la educación se considera un derecho y no un privilegio.
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