La polémica en torno al Crédito con Aval del Estado (CAE) y su impacto en el sistema bancario chileno ha generado debate durante años. El CAE, pensado como una herramienta para ampliar el acceso a la educación superior, terminó favoreciendo principalmente a los bancos, que han recibido garantías estatales y rentabilidades elevadas, mientras que miles de familias han quedado endeudadas.
El problema central no es solo el diseño del CAE, sino el rol que juegan los bancos al priorizar ganancias sobre el bienestar social. El acceso a la educación debería ser un derecho, no un negocio para el sector financiero. Diversos analistas coinciden en que es urgente repensar la política de financiamiento estudiantil en Chile, buscando modelos más sostenibles y equitativos.
Por estos motivos, se ha planteado la necesidad de terminar con el CAE ahora y redestinar esos recursos a un financiamiento basal directo a las universidades públicas. Esta medida permitiría un acceso más justo y reduciría la dependencia de créditos que solo enriquecen a la banca.
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La experiencia del CAE nos recuerda que las soluciones a los problemas sociales no pueden estar en manos de quienes buscan el mayor rédito financiero. Es hora de poner a las personas y a la educación en el centro de la discusión.
